Las aseguradoras tienen que asumir el IVA en las reparaciones de los coches de empresa, según recoge el contenido de una sentencia de un juzgado de Madrid fruto de una demanda promovida por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). En una nota, la propia organización de defensa del automovilista calcula que las aseguradoras españolas se podrían estar ahorrando unos 240 millones de euros al aplicar a efectos prácticos una “franquicia no pactada del 21% a los coches de empresa”.

La sentencia a la que alude la AEA fue emitida por el juzgado de Primera Instancia número cuatro de Madrid y estima íntegramente la demanda promovida por la AEA en defensa de unos de sus socios.

La aseguradora ha quedado condenada a pagar 10.911 euros más las costas judiciales correspondientes a la reparación de unos daños sufridos en un vehículo de empresa, así como al pago del alquiler de un vehículo de sustitución, explica la organización, antes de señalar que la sentencia es firme al no haber sido apelada.

El motivo de la demanda era la reclamación de unos daños causados por una conductora a un coche propiedad de una empresa dedicada al transporte de mercancías, así como una factura por el alquiler de un coche de sustitución.

Inicialmente, la aseguradora de la conductora causante de los daños rechazó la reclamación efectuada en vía amistosa, pero una vez interpuesta la demanda ante el juzgado aceptó pagar las facturas sin incluir el importe correspondiente al 21% de IVA, con el argumento de que “como se trataba de una sociedad mercantil podía deducirse dicho impuesto”.

Sin embargo, el fallo judicial ha estimado íntegramente la demanda promovida por los servicios jurídicos de AEA y ha condenado a aseguradora no solo al pago de la cantidad que pretendía excluir, sino también al pago de intereses por morosidad y las costas procesales.

Las buenas cifras de venta de vehículos registradas el pasado año, que han supuesto un soplo de aire para el sector del automóvil, contrastan con la bajada de la recaudación del impuesto de matriculación que registró en 2014 su mínimo histórico. Estos datos, según la Agencia Tributaria, se igualan a los del año 1993, fecha de creación de este gravamen.

El impuesto de matriculación sumó durante el pasado año una recaudación de 274.1 millones de euros, una cifra idéntica a la de su primer año de existencia. Durante 2014 se vendieron un 20% más de automóviles que en 2013, es decir 814.027 coches aunque la recaudación por matriculación descendió un 0.4%, lo que supone 7 años de bajada consecutiva.

El descenso en la recaudación, a pesar de aumentar el número de coches matriculados, se debe al tipo de vehículos que adquiere el consumidor español. Durante 2014 en España se vendieron coches más baratos y menos contaminantes, un 60% de ellos eran de precio inferior a 15.000 euros y un 70% coches eficientes. Los cambios en la legislación en 2008 hicieron que el impuesto de matriculación se calculara en función de las emisiones de CO2, y no como se hacía anteriormente, por la cilindrara. Por lo tanto de cada diez coches que se matricularon el pasado año solo pagaron impuesto por sus emisiones unos tres, razón por la que las cifras de recaudación han caído en picado.

Por otro lado, los datos de la Agencia Tributaria revelan que en el primer trimestre de 2013 se alcanzó un mínimo histórico en lo referente a emisiones de CO2 de los coches nuevos, que se situaron en 125 gramos por kilómetro, siete gramos menos (-5,3%) que en el mismo período del ejercicio precedente.

Al mismo tiempo, en el primer trimestre de este año se mantuvo la tendencia a la baja de los precios de los automóviles, que se situaron de media en 15.671 euros, con un abaratamiento del 5,16% en comparación con los tres primeros meses de 2012.

Fuente: Europapress.es

Así se desprende del texto del Plan Aire 2013-2016, que tiene por objeto mejorar la calidad del aire y que ya ha sido sometido al preceptivo plazo para la participación pública por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.

De esta forma, el impuesto de circulación, de competencia municipal, dejará de estar vinculado a los caballos fiscales de los vehículos, y dependerá del grado de contaminación de los mismos, medido por sus emisiones de CO2, NOx y partículas.

La reforma de este gravamen, que correrá a cargo de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y se consensuará con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), supondrá gravar más a los vehículos que, “por su antigüedad, producen mayores emisiones a la atmósfera”, reza el texto.

El cálculo del tipo de gravamen, que se abona anualmente, se fijará previsiblemente en función de las diferentes normativas Euro sobre emisiones de los vehículos, y “no se tendrán en cuenta argumentos de carácter social”.

Además, el Gobierno no aprobará un impuesto rígido, sino que facilitará a los ayuntamientos “un cierto margen de maniobra” para elegir el tipo a aplicar, de forma que en los municipios con mayores índices de contaminación se pueda desincentivar el uso del coche.

El impuesto de circulación aportó a las arcas municipales 2.807 millones de euros en el ejercicio de 2011, un 0,3% más, según los últimos datos disponibles. Los ayuntamientos cuentan actualmente con capacidad para incrementar la cuota en un máximo del 2%.

Fuente: Europapress.es

Fuente: http://www.autobild.es

El caramelo que le venden al Gobierno es que recaudaría entre 1.800 y 3.500 millones de euros con la medida. Además de este argumento, esgrimen una caída del número de usuarios que deja al sector en los niveles que había en 1998.

Entiendo que la idea que subyace detrás de la propuesta es que con precios similares, los usuarios nos decantaremos por las autopistas de peaje. Esta solución me parece un disparate y en las lineas siguientes voy a razonar por qué.

Argumentos en contra de la medida

Sentido común:

Aunque así se nos considere, los automovilistas no somos tontos, y sabemos apreciar los beneficios de circular por una autopista de peaje. Si no utilizamos estos servicios es por una razón: el precio. En un país donde la sociedad en general, y el automóvil en particular, están literalmente cosidos a impuestos, el coste de una autopista de peaje está lejos de muchos bolsillos.

Establecer una relación causa-efecto entre cobrar por la red de autovías y que mejore la circulación por autopistas de peaje es un error craso. El usuario no se equivoca a la hora de dar destino a sus recursos: Si no tiene dinero, no lo tiene para nada.

Económicos:

Si el factor determinante para eludir los peajes es el precio, cobrar por las autovías va a suponer que los conductores acabemos en la red de carreteras de doble sentido de circulación siempre que sea posible. Como son las más inseguras, se elevará el número de accidentes, y probablemente los niveles de contaminación.

Los accidentes tienen su coste. Al margen del valor inestimable de la vida humana, los accidentes sin víctimas mortales acarrean gastos para las compañías de seguros, la sanidad (pública y privada), y las empresas. Cuando hay muertos, cada una de esas personas ha requerido el coste social de una formación que se pierde.

Las carreteras de doble sentido son más lentas y proclives a los atascos. Esto supone una menor eficiencia en el uso de los combustibles y mayor contaminación por kilómetro recorrido. La siniestralidad también acarrea el coste del reciclaje de residuos.

Por tanto, habría que hacer bien las cuentas para ver que no es oro todo lo que reluce en los hipotéticos ingresos del Estado, ya que una parte de ese dinero va a tener que sufragar los costes que se han mencionado.

Morales:

Las autovías se han financiado con dinero público que sale de nuestros impuestos, o de créditos pedidos por el país, cuyos intereses hemos de afrontar por la misma vía. No parece muy ético que tengamos que pagar varias veces por algo que es nuestro, para “ayudar” al sector privado.

Cuando un empresario decide acometer una inversión, lo hace consciente de que en el caso de fracasar tendrá que asumir sus riesgos. Sabe muy bien que papá Estado no va a venir en su ayuda. Si un consorcio de capital privado ha decidido invertir en el negocio del peaje, si le va mal es asunto suyo y no del resto de la sociedad.

Creatividad contra la crisis:

Señores de ASETA, tal vez no les vendría mal ser más creativos, abaratando los servicios y bonificando a los usuarios. Ofertas que pueden pasar por bonos de uso, reducción del precio del combustible para sus clientes, toallitas hidratantes para las manos de las señoras, o pegatinas para los más pequeños.

En otro orden de cosas, ya que están dispuestos a pedir concesiones al Gobierno, podrían negociar la posibilidad de elevar el límite de velocidad aunque sea en 10 km/h, un atractivo que sería muy bien valorado por el usuario. Las autovías de peaje modernas tienen seguridad bastante como para asumir el aumento.

Lo que proponen es un disparate y confío en que ninguna lumbrera gubernamental les haga caso.

Fuente: http://www.motorpasion.com/